NOTA DIARIO HOY

Buscan preservar la libertad de expresión en la Provincia

Dos proyectos de ley intentarán impedir desde la Legislatura bonaerense el avance del gobierno K sobre la prensa

En la  Legislatura bonaerense hay dos iniciativas de diputados opositores para intentar evitar un posible avance del gobierno nacional hacia los medios periodísticos independientes. Por un lado, el presidente del bloque Unión Celeste y Blanco, Gonzalo Atanasof, presentó un proyecto de ley "para proteger la libertad de prensa en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires".

Mientras, el diputado del Properonismo, Julio Garro, anunció ayer que presentará una iniciativa similar "haciendo eco del pedido de necesidad y urgencia que presentó ayer (por el martes) el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri”, dijo el legislador platense.

La propuesta presentada por Atanasof y firmada en conjunto por Fernando Rosas, Guillermo Britos y Mauricio D'Alessandro, prohíbe "censurar o controlar previamente la veracidad, oportunidad o imparcialidad, revisar, aprobar, intervenir, interferir, obstaculizar, modificar, alterar, sugerir o imponer la línea editorial, noticias, información, contenidos, grillas, programas u opiniones que difundan los habitantes de la Provincia y los medios de comunicación en ella domiciliados, cualquiera sea su soporte o modalidad".

Además, establece que "no podrán restringirse las libertades de imprenta, prensa y expresión de los medios de comunicación con domicilio o instalaciones en la Provincia, ni el derecho al libre acceso a la información de los habitantes de la Provincia".

Mientras, Garro pedirá la sanción de una ley para "proteger los derechos" de los "periodistas" y los "medios de prensa, incluso el papel de prensa", teniendo en cuenta que la planta de la empresa Papel Prensa, que controla Clarín, funciona en Baradero.

EN FOCO: El gobierno quiere acallar voces

La libertad de prensa, y el derecho a informar y ser informados que garantiza nuestra Constitución, se encuentran en serio riesgo. En un hecho que no registra antecedentes en los casi 30 años que pasaron desde el retorno a la democracia, el gobierno nacional está decidido a silenciar las voces críticas a su gestión, limitando el accionar del periodismo independiente a su mínima expresión.  El objetivo es claro: imponer por la fuerza el relato oficial y garantizarse impunidad, ante las graves denuncias de corrupción.

Si los K toman el control de Papel Prensa, la única fábrica del país que produce el principal insumo que utilizan los diarios, los medios gráficos independientes quedarán heridos de muerte dado que el poder político podrá determinar, de manera discrecional (en función de la línea editorial), a quien le venderá el papel necesario para editar sus publicaciones.

A su vez, el manejo político de Papel Prensa, como herramienta de apriete, se complementaría con los permisos de importación que se encuentra bajo la órbita de Guillermo Moreno. Es decir,  un funcionario elemental, que carece de la más mínima noción de lo que significa la democracia y la libertad de expresión, tiene facultades para bloquear el ingreso del papel que se fabrica en el exterior e impedir que los medios independiente, ante la posibilidad de que se le cierren las puertas de Papel Prensa, pueda adquirir su principal insumo en Chile, Canadá o Europa.

Desde hace años, el diario Hoy vienen denunciando las arbitrariedades que existen en la comercialización de papel de diario en la Argentina. Y todas estas irregularidades contaron con el consentimiento y el aval del kirchnerismo, que mantuvo una estrecha alianza con el Grupo Clarín hasta mediados de 2008. Luego se divorciaron y, producto de esa pelea, ahora los K se quieren llevar puesto a todo el periodismo que no se le subordina.

Por eso, ante este escenario de confrontación, la peor opción es que el gobierno tenga el monopolio absoluto de la fábrica de este insumo que es esencial para la libertad de prensa.  La preocupación tiene su razón de ser: si algo ha caracterizado al gobierno K es su criterio absolutamente dictatorial a la hora de distribuir recursos. Por ejemplo, en los últimos años, empresarios amigos del poder han destinado miles de millones de pesos para comprar medios de comunicación que fueron puestos al servicio del aparato propagandístico oficial. Y, a su vez, desde el propio Estado, con recursos que aportamos todos los ciudadanos que pagamos los impuestos, se destinaron otros miles de millones en concepto de publicidad oficial para alimentar esos mismo medios que tiene un ínfimo nivel de penetración en la opinión pública.

Denuncían que Cristóbal López no cumple la ley de medios K

El zar del juego del kirchnerismo y ahora empresario de medios, Cristóbal López, no cumpliría con la ley de medios del kirchnerismo. Según denunció el coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, Ricardo Lasca, el dueño del canal C5N y radio 10 entre otros medios de comunicación “no cumple con el artículo 25 de esa ley que establece para tener licencias de medios de comunicación no tener más del 10% de empresas de servicios mientras que López es dueño del 20% de la UTE autovías del mar que administra las rutas 2 y 11 a través de la empresa CPC SA”.

“El régimen de concesionarios viales por peaje es un servicio público enmarcado en la relación de consumo de jerarquía constitucional (art.42 C.N.) y ley 24.240 cuya tutela de los consumidores y el usuario alcanza también a los servicios concesionados. El peaje que paga el usuario es el precio de un servicio”, dijo la ministra de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco.

FUENTE: http://diariohoy.net/politica/buscan-preservar-la-libertad-de-expresion-en-la-provincia-10485